Clemente Polo
29 noviembre 2008
Después de haberse saltado a la torera el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que establecía las enseñanzas mínimas con el fin de “asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas del sistema educativo español”, se puede esperar cualquier disparate del Sr. Montilla, secretario general del Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC) y presidente del Govern de la Generalitat. Quien no ha tenido empacho alguno en decretar dos moratorias sucesivas a la aplicación del mencionado Decreto, con la intención expresa de impedir que los niños que cursan la enseñanza primaria en Cataluña reciban tres horas, en lugar de las dos actuales, en lengua y literatura castellanas -la lengua, ¡eso a quién le importa!, que nos permite comunicarnos y desarrollar nuestra actividad laboral en España e Iberoamérica-, es capaz, sin duda, de cometer sin inmutarse un pelo las mayores tropelías y camuflarlas ante la opinión pública con los más estrambóticos argumentos y el servil apoyo de los medios de difusión públicos y privados, movilizados en favor de tan noble causa.
La última perla que nos ha regalado el infame President es su velada amenaza de movilizar a los catalanes si el Tribunal Constitucional (TC), en el ejercicio de sus funciones reconocidas en la Constitución, se atreve a recortar el Estatuto de Cataluña aprobado en las Cortes de España y, posteriormente, refrendado por el 36,5 por ciento de los ciudadanos residentes en Cataluña el 18 junio de 2006. El asunto tiene miga. El President considera de lo más normal y legítimo que su Gobierno, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma, incumpla durante dos años una norma estatal, como el Real Decreto de enseñanzas mínimas, aprobada en las Cortes españolas, pero juzga inaceptable y amenaza por enésima vez con la desafección de Cataluña –una entidad hay que suponer ignota pero sensible, que ha encontrado su médium natural en la persona del Sr. Montilla- si el TC se atreve a pronunciarse en contra de una ley también aprobada en las Cortes.
La posición del Sr. Montilla sobre este asunto refleja el punto de vista, casi unánime en la clase política catalana, de que la principal misión del Ejecutivo catalán es alcanzar en el plazo más breve posible el marco político dibujado en el preámbulo del Proyecto de Estatut de Cataluña aprobado en el Parlament el 30 de septiembre de 2005. Que nadie se engañe al respecto: avalado por el Sr. Montilla y el 88,9 por ciento de los parlamentarios autonómicos el proyecto “define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las naciones y pueblos que la conforman, compatible con el desarrollo de un estado plurinacional.” Y que alcanzar ese estado de independencia desde la que se ejercita la libre solidaridad con las naciones y los pueblos de España, constituye el principal objetivo del ejecutivo catalán, no sólo cuando los responsables de la Generalitat eran los Sres. Pujol i Soley o Más i Gavarró, sino también ahora cuando el poder lo detentan los nacionalistas sin “i”,los Sres. Montilla Aguilera, Iceta Llorens y Zaragoza Alonso, máximos responsables del PSC, la principal fuerza política y de gobierno cuando el Proyecto de Estatut fue elaborado y aprobado en el Parlament de Cataluña.
¿Qué hay más allá del proyecto construcción nacional para los políticos catalanes? Casi nada. Resulta, de momento, obligado acudir al Parlamento de España para asegurarse de que el Gobierno del Estado, como a ellos les gusta llamar eufemísticamente al Gobierno de España, es el más favorable posible para sus intereses de seguir impulsando la soberanía de Cataluña y, de paso, sacar lo que se pueda, cuando se tramitan los Presupuestos Generales del Estado o se precisan los votos de los parlamentarios catalanes para apoyar la investidura de algún representante “de las naciones y los pueblos de España”. Hay también, para no parecer paletos y retrógrados, que conceder un pequeño papel a la UE, no porque la asunción por parte de una entidad supranacional de algunas funciones hasta hace poco reservadas a los Estados miembros sea en sí mismo un proyecto político interesante, sino porque hay que promover el uso de la lengua catalana en las instituciones comunitarias. ¡Qué buena compañera de viaje esta UE en tanto siga pacientemente regalándonos dinero de los sufridos contribuyentes alemanes y sus funcionarios no se pongan quisquillosos a la hora de averiguar si algunos partidos políticos catalanes han desviado parte de esos fondos a sus arcas! Además, no lo olvidemos, la Unión se ha convertido en un lugar todavía más interesante desde que Bélgica está al borde de la secesión y la Unión ha reconocido la independencia de Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo.
El mal viene de lejos y supera en mucho el ámbito de Cataluña. Como los padres de la Constitución de los EEUU sabían muy bien, la salvaguarda de la libertad en democracia precisa contrarrestar la tendencia incontenible del poder Ejecutivo a absorber y reservar para sí mismo todas las funciones del Estado; y para evitarlo se cuidaron muy mucho de establecer dos contrapoderes fuertes e independientes: un poder legislativo, el Congreso, que controla al poder ejecutivo y un poder judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin la independencia de ambos contrapoderes, la democracia languidece y se aproxima a un régimen autoritario donde el Ejecutivo elabora las leyes, las aprueba y las interpreta, consolidándose, en el mejor de los casos, una alternancia política de carácter caciquil, sustentada en el clientelismo e inmune a la corrupción.
En España, nuestra joven democracia, instaurada al aprobarse la Constitución de 1978, presenta síntomas de descomposición evidentes a cualquiera que quiera verlo. En estos treinta años, se ha desarrollado y alcanzado una notable madurez endogámica una clase política que ocupa la totalidad de las instituciones ejecutivas –Gobiernos Central y Autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos-, controla muy de cerca la labor de los correspondientes órganos legislativos e interfiere continuamente en la labor de la judicatura. El poder legislativo se ha convertido en un apéndice, un tentáculo más de los partidos políticos que gobiernan y los legisladores aprueban rutinariamente, sin apenas debatirlas, las propuestas legislativas elaboradas por el poder ejecutivo, incluso cuando abordan cuestiones delicadas y conflictivas. Por otra parte, el poder ejecutivo atenaza, mediatiza y cercena de continuo la independencia judicial, comentando sus resoluciones, mostrando abiertamente su discrepancia -a veces antes incluso de haberse hecho públicas- cuando no le son favorables, controlando sus órganos rectores mediante un vergonzoso sistema de cuotas, como ocurre en el caso del Consejo del Poder Judicial, el órgano rector de los jueces, e incumpliendo los plazos para la renovación de los órganos por razones de oportunidad política, como ha ocurrido en el caso del propio Consejo y ahora en el del mismísimo TC.
¿Qué crédito pueden merecerle sus resoluciones, verdad, Sr. Montilla? Por si acaso en un alarde insólito de independencia los magistrados del TC se atrevieran a disentir, Vd. ya ha manifestado en sede parlamentaria que no tolerará la mutilación de su hoja de ruta y que ante una eventual sentencia contraria -¿contraria a qué?- no adoptará una posición de resignada pasividad. Así que ya saben, Sres. magistrados del TC, déjense de lindezas jurídicas y limítense a confirmar la hoja de ruta del Sr. Montilla, su entorno de falsos socialistas, falsos españoles y falsos europeos y de sus socios de gobierno, que con más sinceridad han manifestado una y otra vez su objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña, sin recurrir al subterfugio del Estado plurinacional. ¿Para qué se van a molestar Vds. en examinar la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, si el President ya ha dictaminado su plena legalidad? Al Sr. Montilla sólo le ha faltado pedir la disolución del TC, por superfluo, aprovechando que estamos en tiempos de crisis y hay que economizar recursos para poder seguir abriendo embajadas catalanas en Berlín y Nueva York. No lo ha hecho, me temo, no porque así no lo crea en sus adentros, sino porque en su ausencia se levantaría el suave velo que oculta la arbitrariedad y la omnipresencia del poder ejecutivo en nuestra empobrecida democracia.
29 noviembre 2008
Después de haberse saltado a la torera el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que establecía las enseñanzas mínimas con el fin de “asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas del sistema educativo español”, se puede esperar cualquier disparate del Sr. Montilla, secretario general del Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC) y presidente del Govern de la Generalitat. Quien no ha tenido empacho alguno en decretar dos moratorias sucesivas a la aplicación del mencionado Decreto, con la intención expresa de impedir que los niños que cursan la enseñanza primaria en Cataluña reciban tres horas, en lugar de las dos actuales, en lengua y literatura castellanas -la lengua, ¡eso a quién le importa!, que nos permite comunicarnos y desarrollar nuestra actividad laboral en España e Iberoamérica-, es capaz, sin duda, de cometer sin inmutarse un pelo las mayores tropelías y camuflarlas ante la opinión pública con los más estrambóticos argumentos y el servil apoyo de los medios de difusión públicos y privados, movilizados en favor de tan noble causa.
La última perla que nos ha regalado el infame President es su velada amenaza de movilizar a los catalanes si el Tribunal Constitucional (TC), en el ejercicio de sus funciones reconocidas en la Constitución, se atreve a recortar el Estatuto de Cataluña aprobado en las Cortes de España y, posteriormente, refrendado por el 36,5 por ciento de los ciudadanos residentes en Cataluña el 18 junio de 2006. El asunto tiene miga. El President considera de lo más normal y legítimo que su Gobierno, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma, incumpla durante dos años una norma estatal, como el Real Decreto de enseñanzas mínimas, aprobada en las Cortes españolas, pero juzga inaceptable y amenaza por enésima vez con la desafección de Cataluña –una entidad hay que suponer ignota pero sensible, que ha encontrado su médium natural en la persona del Sr. Montilla- si el TC se atreve a pronunciarse en contra de una ley también aprobada en las Cortes.
La posición del Sr. Montilla sobre este asunto refleja el punto de vista, casi unánime en la clase política catalana, de que la principal misión del Ejecutivo catalán es alcanzar en el plazo más breve posible el marco político dibujado en el preámbulo del Proyecto de Estatut de Cataluña aprobado en el Parlament el 30 de septiembre de 2005. Que nadie se engañe al respecto: avalado por el Sr. Montilla y el 88,9 por ciento de los parlamentarios autonómicos el proyecto “define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las naciones y pueblos que la conforman, compatible con el desarrollo de un estado plurinacional.” Y que alcanzar ese estado de independencia desde la que se ejercita la libre solidaridad con las naciones y los pueblos de España, constituye el principal objetivo del ejecutivo catalán, no sólo cuando los responsables de la Generalitat eran los Sres. Pujol i Soley o Más i Gavarró, sino también ahora cuando el poder lo detentan los nacionalistas sin “i”,los Sres. Montilla Aguilera, Iceta Llorens y Zaragoza Alonso, máximos responsables del PSC, la principal fuerza política y de gobierno cuando el Proyecto de Estatut fue elaborado y aprobado en el Parlament de Cataluña.
¿Qué hay más allá del proyecto construcción nacional para los políticos catalanes? Casi nada. Resulta, de momento, obligado acudir al Parlamento de España para asegurarse de que el Gobierno del Estado, como a ellos les gusta llamar eufemísticamente al Gobierno de España, es el más favorable posible para sus intereses de seguir impulsando la soberanía de Cataluña y, de paso, sacar lo que se pueda, cuando se tramitan los Presupuestos Generales del Estado o se precisan los votos de los parlamentarios catalanes para apoyar la investidura de algún representante “de las naciones y los pueblos de España”. Hay también, para no parecer paletos y retrógrados, que conceder un pequeño papel a la UE, no porque la asunción por parte de una entidad supranacional de algunas funciones hasta hace poco reservadas a los Estados miembros sea en sí mismo un proyecto político interesante, sino porque hay que promover el uso de la lengua catalana en las instituciones comunitarias. ¡Qué buena compañera de viaje esta UE en tanto siga pacientemente regalándonos dinero de los sufridos contribuyentes alemanes y sus funcionarios no se pongan quisquillosos a la hora de averiguar si algunos partidos políticos catalanes han desviado parte de esos fondos a sus arcas! Además, no lo olvidemos, la Unión se ha convertido en un lugar todavía más interesante desde que Bélgica está al borde de la secesión y la Unión ha reconocido la independencia de Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo.
El mal viene de lejos y supera en mucho el ámbito de Cataluña. Como los padres de la Constitución de los EEUU sabían muy bien, la salvaguarda de la libertad en democracia precisa contrarrestar la tendencia incontenible del poder Ejecutivo a absorber y reservar para sí mismo todas las funciones del Estado; y para evitarlo se cuidaron muy mucho de establecer dos contrapoderes fuertes e independientes: un poder legislativo, el Congreso, que controla al poder ejecutivo y un poder judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin la independencia de ambos contrapoderes, la democracia languidece y se aproxima a un régimen autoritario donde el Ejecutivo elabora las leyes, las aprueba y las interpreta, consolidándose, en el mejor de los casos, una alternancia política de carácter caciquil, sustentada en el clientelismo e inmune a la corrupción.
En España, nuestra joven democracia, instaurada al aprobarse la Constitución de 1978, presenta síntomas de descomposición evidentes a cualquiera que quiera verlo. En estos treinta años, se ha desarrollado y alcanzado una notable madurez endogámica una clase política que ocupa la totalidad de las instituciones ejecutivas –Gobiernos Central y Autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos-, controla muy de cerca la labor de los correspondientes órganos legislativos e interfiere continuamente en la labor de la judicatura. El poder legislativo se ha convertido en un apéndice, un tentáculo más de los partidos políticos que gobiernan y los legisladores aprueban rutinariamente, sin apenas debatirlas, las propuestas legislativas elaboradas por el poder ejecutivo, incluso cuando abordan cuestiones delicadas y conflictivas. Por otra parte, el poder ejecutivo atenaza, mediatiza y cercena de continuo la independencia judicial, comentando sus resoluciones, mostrando abiertamente su discrepancia -a veces antes incluso de haberse hecho públicas- cuando no le son favorables, controlando sus órganos rectores mediante un vergonzoso sistema de cuotas, como ocurre en el caso del Consejo del Poder Judicial, el órgano rector de los jueces, e incumpliendo los plazos para la renovación de los órganos por razones de oportunidad política, como ha ocurrido en el caso del propio Consejo y ahora en el del mismísimo TC.
¿Qué crédito pueden merecerle sus resoluciones, verdad, Sr. Montilla? Por si acaso en un alarde insólito de independencia los magistrados del TC se atrevieran a disentir, Vd. ya ha manifestado en sede parlamentaria que no tolerará la mutilación de su hoja de ruta y que ante una eventual sentencia contraria -¿contraria a qué?- no adoptará una posición de resignada pasividad. Así que ya saben, Sres. magistrados del TC, déjense de lindezas jurídicas y limítense a confirmar la hoja de ruta del Sr. Montilla, su entorno de falsos socialistas, falsos españoles y falsos europeos y de sus socios de gobierno, que con más sinceridad han manifestado una y otra vez su objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña, sin recurrir al subterfugio del Estado plurinacional. ¿Para qué se van a molestar Vds. en examinar la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, si el President ya ha dictaminado su plena legalidad? Al Sr. Montilla sólo le ha faltado pedir la disolución del TC, por superfluo, aprovechando que estamos en tiempos de crisis y hay que economizar recursos para poder seguir abriendo embajadas catalanas en Berlín y Nueva York. No lo ha hecho, me temo, no porque así no lo crea en sus adentros, sino porque en su ausencia se levantaría el suave velo que oculta la arbitrariedad y la omnipresencia del poder ejecutivo en nuestra empobrecida democracia.
