8 agosto 2008
Una noticia publicada hace unos días (El País, 4 de agosto) nos desvela uno de los secretos mejor guardados por nuestros servicios de inteligencia, a saber, quién financia a ETA. Bien pensado, un secreto a voces. Resulta casi evidente para cualquier observador que las aportaciones que pueden llegar a proporcionar las tabernas pro-ETA, sumadas a las donaciones “voluntarias” realizadas por los integrantes del entorno incivil y simpatizantes de la banda, no dejan de ser meras limosnas, útiles tal vez para desarrollar algunas de las actividades de apoyo y propaganda realizadas desde ese entorno, pero insuficientes a todas luces para sostener a un numeroso grupo de terroristas profesionales y financiar los cuantiosos gastos que conlleva el desarrollo de sus actividades terroristas. Por otra parte, hace ya demasiados años que ETA no ha realizado ningún secuestro, ni obtenido un suculento rescate, por lo que tampoco ésta puede ser la principal fuente de financiación de los terroristas. Queda pues una única posibilidad que hoy es ya una certeza: ETA se financia con los ingresos que obtiene regularmente de los empresarios a los que, digámoslo así, extorsiona con sus cartas amenazadoras.
Según la noticia a la que me refería al comienzo del artículo, “la Guardia Civil tiene al menos siete recibos que confirman los pagos que determinadas personas han hecho a ETA y, al parecer, los agentes a cargo de las pesquisas no se contentan [en esta ocasión] con una negativa protocolaria y obligada que se contradice de forma flagrante con la documentación que tienen en su poder.” Al parecer y por primera vez, “los agentes están presionando, con unos modos hasta ahora inusuales, como la detención de los directivos para interrogarles y el registro de las empresas y domicilios de los responsables de esos pagos.”
Al fin, pues, sabemos los ciudadanos que no estamos al tanto de los entresijos del terrorismo, lo que sospechábamos desde hace tiempo: que los empresarios pagan regularmente a la banda y que esos pagos sirven para financiar más extorsiones, atrocidades y asesinatos. ¿Quién de nosotros, si nos ponemos en el lugar de un empresario amenazado, no comprende su miedo y su inclinación a pagar una cifra razonable a cambio de que los asesinos le dejen en paz? Pero lo que podemos asumir como una debilidad humana ante una situación de riesgo indudable, resulta del todo inaceptable cuando nos situamos en la posición de los familiares de las víctimas, los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate fallecidos en la T-4 del aeropuerto de Barajas, de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, vilmente asesinados en Capbreton, o de la mujer e hijos del ex-concejal Isaías Carrasco, ejecutado por un terrorista de la banda en Mondragón, por citar tan sólo los asesinatos habidos desde la ruptura de la tregua el 30 de diciembre de 2006.
La actitud de los empresarios que negocian las cuantías requeridas y pagan las sumas finalmente acordadas con la banda pudiera compararse, a primera vista, con la contratación de un seguro de vida y propiedad contra el pago de una prima, si bien hay una diferencia importante con una operación de seguro, pues la prima, en este caso, va a parar a ETA, una organización terrorista, que destina sus ingresos no a atender contingencias adversas aleatorias, sino a financiar el asesinato de otros ciudadanos para mantener viva su capacidad de intimidación y poder seguir cobrando más primas a los pagadores. ¿Qué pensamientos, me pregunto, cruzarán por la cabeza de estos empresarios cada vez que se produce un nuevo atentado con víctimas? Espero que algo más que la mera constatación de que el seguro les cubre adecuadamente.
Quizás el aspecto más escalofriante de la noticia sea la actitud de las patronales vascas que consideran inaceptable el tratamiento recibido por algunos de sus asociados, “víctimas que merecen amparo y respeto”, no el acoso policial a que han sido sometidas. Las palabras merecen una reflexión pausada para separar el grano de la paja. El hecho de que los nombres de algunos empresarios que presuntamente han pagado a ETA hayan aparecido en los medios de comunicación me parece lamentable, pero no así que esas personas haya sido interrogadas y sus domicilios o empresas registrados por las fuerzas de seguridad. Lo que podemos comprender como una debilidad humana, el Estado de derecho no puede tolerarlo y desgraciadamente en este asunto son ya varias décadas de mirar hacia otro lado.
Conviniendo, por otra parte, en que cualquier amenazado por ETA es efectivamente una víctima que merece amparo y respeto, me apresuro a añadir que no se pueden considerar víctimas a quiénes pagan sumas de dinero a ETA con el fin de librarse de ser, ellos o sus empresas, objetivos de la banda. Cuando uno paga, deja de ser víctima y las víctimas pasan a ser los otros: Diego Armando, Carlos Alonso, Raúl, Fernando, Isaías,... Así pues, amparo y respeto, todo, pero para aquellos empresarios extorsionados que cuando reciben una amenaza la ponen en conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado y solicitan la protección necesaria para hacer inefectiva la amenaza. Porque lo cierto es que si el empresariado se negara a pagar a la banda, la banda moriría por inanición en muy pocos meses.
